«Stultorum sunt plena omnia»,
«Todo está lleno de necios»
(Cicerón, Ad familiares, 9.22.4).
No tengo la dicha de conocer personalmente a Miguel Lorente Acosta, Director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada y Exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Sin embargo, como por sus obras les conoceréis, creo que algún conocimiento tengo de quién sea, pues se prodiga en artículos, conferencias y todo tipo de aquelarres de género.
Dice hoy, en un artículo publicado en el diario Público (http://blogs.publico.es/otrasmiradas/7231/maltrato-pero-solo-un-poco/) «Por tanto, vemos cómo el fondo de la sociedad no ha cambiado tanto en cuanto a la crítica con los factores que llevan a la violencia contra las mujeres y, en cambio, el machismo sí lo ha hecho para contrarrestar el avance conseguido a través de su estrategia posmachista que habla de “denuncias falsas”, de que “todas las violencias son importantes”, de los “suicidios de hombres por divorcios abusivos”… o de cualquier otro tema que permita generar confusión y desviar la atención de la realidad de la violencia de género.»
Necio debe ser, o malvado, que es peor, para sostener tesis tan absurda y fuera de la realidad. Y es que en mi amplia carrera profesional dedicada al derecho de familia no me he encontrado todavía un solo hombre tan perverso que justifique, de ninguna manera, la violencia contra las mujeres. Todos los hombres tenemos madre, y muchos tenemos hijas y hermanas, y primas y amigas, y conocidas… y a ninguno se nos ocurriría justificar la violencia contra las mismas.
El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar una nueva edición de la Guía Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En ella el CGPJ introduce elementos incompatibles con nuestro Estado de Derecho, introducción tanto más peligrosa cuanto procede de un órgano cualificado en cuestiones jurídicas.
Artículo publicado en actuall.com en su edición del 13/09/2016
Rosa María Valdeón Santiago, 55 años, dimitió el 10 de septiembre pasado de sus cargos de vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, consejera de Empleo y portavoz del gobierno regional, después de haber sido interceptada por la Guardia Civil y comprobarse que circulaba a 170 kilómetros por hora triplicando la tasa de alcoholemia permitida, según dos mediciones espaciadas.
Figura en el atestado que se filtró a la Prensa que el parachoques trasero de su vehículo, un Volvo XC, estaba desprendido tras haber chocado con una de las ruedas delanteras de un camión al que estaba adelantando; el camionero tuvo que hacer una brusca maniobra para evitar el vuelco y, al comprobar que pese a las señales de que parara, el otro coche se daba a la fuga, dio parte a la Guardia Civil.
