La defensa del juez Calamita sospecha de prevaricación en el proceso
· La defensa del juez Calamita observa “demasiadas irregularidades” en el proceso
· Denuncian “extrañas presiones” al juez Calamita
· Considera la querella “abusiva, fraudulenta y nula”
· La no inhibición del presidente de Sala será denunciada ante el CGPJ
Irregularidades
El equipo psicosicial emitió un informe de idoneidad sin entrevistarse con las interesadas
El juez instructor resuelve proseguir con el proceso a pesar de no observar delito alguno
El presidente de la Sala debió haberse inhibido por haber iniciado un expediente disciplinario paralelo
Madrid, 22 de septiembre 2009.– “Hemos permanecido en silencio por respeto a la instrucción del proceso; otros no han tenido la misma delicadeza y han realizado un juicio mediático paralelo. Pero ahora que se abre la fase de Juicio Oral, es el momento de revelar las irregularidades seguidas en el proceso”. Este es el marco de un durísimo escrito en el que el juez Calamita y su abogado, Javier Pérez-Roldán pretenden colocar los puntos sobre las íes en las irregularidades del proceso.
“Se quiere seguir adelante sin pruebas y con irregularidades para evitar que nadie discuta el matrimonio homosexual o la conveniencia de adopción de menores”, señala Pérez Roldán. No es casualidad que la querella se presentara días despues de que el juez Calamita anunciara su intención de presentar una cuestión de inconstitucionalidad, añade el letrado, quien también sugiere “extrañas presiones” en el proceso.
Informe psicosicial inexistente
Primera irregularidad. El juez Calamita solicitó informe al equipo psicosocial del juzgado para que peritaran la idoneidad para la adocpión de la pareja afectiva de la madre de una menor. “El único objetivo fue la tutela de la menor”, explica el escrito de defensa. El equipo se negó a emitir un informe, pero en cambio remitió una carta informsndo haberse entrevistado con la madre biológica y la adoptante. “Posteriormente quedó demostrado que dichas entrevistas no se habían producido, lo que puede ser una ilegalidad manifiesta y una falsedad de documento público”, apunta el letrado.
Seguir el procedimiento sin observar delito
Segunda irregularidad. En el Auto 6/08 del magistrado instructor, Manuel Abadía Vicente, dejaba claro a lo largo de 32 hojas la inexistencia de delito. “Sin embargo, en lugar de acordar el sobreseímiento, decide seguir adelante en el procedimiento “para que se pronuncie la Sala”. La irregularidad fue tan llamativa que el mismo ministerio Fiscal recurrió el Auto y le recuerda al instructor que es y debe ser independiente de los criterios de la Sala. “Esto es algo que cualquier Juez conoce, y por tanto, puede hacer al auto constitutivo de un delito de prevaricación, en este caso del Instructor, Sr. Abadía, pues cuando lo dictó sabía lo injusto de la resolución”, señala el letrado de la defensa, Javier Pérez Roldán.
El presidente de la Sala debía haberse inhibido
La tercera irregularidad señalada en el escrito de defensa de Pérez Roldán es la del presidente del TSJ y de la Sala de los Civil y Penal del Superior de Murcia, Juan Martínez Moya. “Debería haberse inhibido por haber acordado apertura de diligencias informativas contra nuestro defendido el 30 de junio de 2007”, señala el letrado, quien advierte que dicha irregularidad será denunciada ante el CGPJ por poder ser consititrutiva de delito de prevaricación. Por ello considera que la querella admitida el pasado 23 de enero es “abusiva, fraudulenta y nula”.
Además, Pérez Roldán considera que en el escrito de la querella se sugiere que la querella se acepta “no por la constancia de un delito, sino porque no cuesta hacerlo, como si la pena de banquillo y el calvario profesional fueran cosa de poca importancia”
Por último, el letrado lamenta que el juez Calamita no haya tenido acceso al derecho constitucionbal de recurso. “Todos los recursos presentados han sido resueltos en su contra sin juzgar sobre el fondo, por entender la Sala que no podía pronunciarse para no contaminarse a la vista del Juicio que la misma Sala debía celebrar”. Así que el abogado Pérez Roldán concluye que el juez Calamita ha sufrido “discriminación y trato discriminatorio”.
Persecución ideológica
Por otra parte, el letrado manifiesta tener la sensación de que el juez de Familia de Murcia está siendo sometido a una persecución de la Fiscalía por razones ideológico-políticas. No se entiende por qué el ministerio Fiscal le culpa ahora de delito cuando el Fiscal presente en el expediente de adopción, Fernando Florit, nunca recurrió sus actuaciones. “De no entender existentes estas presiones sería inexplicable que el Fiscal pase de repente de pedir el sobreseimiento a solicitar 18 años de inhabilitación del imputado, una pena cuatro veces mayor que la solicitada por la acusación particular”, concluye Pérez Roldán.
